Introducción

Durante los últimos años, el tema de la migración ha estado en constante discusión y en el debate internacional. Si en los noventa el tema era el intenso éxodo de los mexicanos hacia el país del norte, en la actualidad el énfasis está puesto, principalmente, en la migración centroamericana y su tránsito por territorio mexicano, y en el retorno de los miles de migrantes mexicanos y su reinserción en la sociedad mexicana. Esta coyuntura en la dinámica migratoria de nuestro a país amerita una mayor atención, tanto por parte del sector académico como del sector público, que deberán proponer cambios sustanciales en las condiciones que motivan la salida de las personas y en sus posibilidades para un retorno con dignidad.

Aunque el retorno de connacionales migrantes siempre ha ocurrido, en las dos décadas recientes se ha vuelto una constante en el panorama migratorio. Por ello consideramos que es necesario revisar y reflexionar en torno a los mecanismos de atención, protección y acompañamiento a esta población que regresa a México de manera voluntaria o involuntaria, por encontrarse atomizados y desarticulados entre los diferentes actores institucionales. De ahí que en la presente propuesta se esbocen algunas consideraciones para analizar tópicos que podrían ayudar a diseñar una política pública de carácter integral.

Caracterización del fenómeno

Los números sobre la migración de retorno de mexicanos desde Estados Unidos han mostrado un incremento general de 2000 a 2015. Los datos del conteo censal de población y vivienda, del Censo de Población y Vivienda de 2010 y de la Encuesta Intercensal de 2015, muestran que el número de migrantes de retorno ha tenido fluctuaciones; a saber, de 2000 a 2005 se registraron alrededor de 244,000 retornos de mexicanos; de 2005 a 2010 la cantidad creció de manera significativa hasta alcanzar 824,000, que llegaron a 443,000 en el siguiente quinquenio. Estas cifras no incluyen a la población infantil y de adolescentes que nacieron en aquel país siendo hijos de mexicanos. Una aproximación estima que en 2010 los individuos de 0 a 17 años que nacieron en Estados Unidos y residían en México eran 548,000, cifra que se incrementa a 550,000 en 2015 (Calva y Orráca, 2019).

Por sí mismos, los migrantes mexicanos retornados representan una cantidad de relevancia social importante; por otro lado, las amenazas continuas del gobierno de Donald Trump, de deportar a miles de mexicanos, obligan al gobierno de nuestro país a prepararse para recibir a miles de mexicanos en caso de que tales advertencias se cumplan. La abierta política estadounidense de deportación de personas extranjeras –que si bien no nació en fecha reciente- pero se recrudeció en las administraciones del presidente Obama y últimamente del presidente Trump, hacen que una de las prioridades del gobierno mexicano actual debería ser buscar mejores condiciones para el retorno y la reinserción de estos nacionales.

Como cualquier fenómeno social, la migración mexicana de retorno se ha modificado con el tiempo. Antes, eran jóvenes en edades productivas que iban y venían entre ambos países en una dinámica circular (Canales, 1999 y 2002), que aunque se encuentra presente todavía en nuestros días,  ha modificado  su estructura etaria, dando paso a personas de mayor edad que por varios años, incluso décadas, permanecieron en ese país (Castro y Mojica, 2013; Montoya y González, 2015); estos nacionales  perdieron los lazos que los ataban a su país de origen; y muchos no consiguieron regular su situación migratoria.

De manera general podríamos dividir a la población de retorno en dos grupos: i) los que residían de manera temporal o permanente en los Estados Unidos y que regresan a México de manera involuntaria (bajo categorías legales, como deportados o repatriados); es decir, obligados por la autoridad estadounidense a abandonar ese país, y ii)) quienes retornan de manera voluntaria, por razones diversas como el desempleo, la hostilidad de que son objeto por ser  migrantes o debido el retorno previo de algún familiar. Estos grupos abarcan a personas de distintos sexos y edades, lo que obligaría a considerar enfoques de atención diferenciados (Suárez, 2014; Sandoval y Zúñiga, 2016; Hernández y Lara, 2018).

El retorno no se traduce, necesariamente, en volver a la comunidad de origen o de residencia más reciente; es común que las personas opten por buscar espacios que puedan proveerles nuevas alternativas de vida, opciones de empleo o que simplemente ayuden a invisibilizar entre amigos y familiares la interrupción de un proyecto en el extranjero.

Es importante destacar que el retorno no se inicia al reingresar al país; este hecho es sólo una parte de un amplio y complejo proceso que representa retos importantes para la vida de las personas. En un sentido muy básico, es en los mercados de trabajo donde es posible observar uno de los impactos del retorno, pues es ahí donde el acceso a un trabajo remunerado y con dignidad marca la diferencia entre sentirse parte o no de la sociedad en la que las personas desean insertarse. De ahí la importancia de dimensionar la capacidad de los mercados laborales para acoger a la población que regresa; pero también las capacidades institucionales para atender y hacer frente a la demanda de servicios de esta población.

La política pública para el retorno

México ha establecido algunos programas públicos orientados al apoyo a los migrantes que se encuentran en el proceso de retorno; entre ellos el Programa de Repatriación Humana, Paisano y Somos Mexicanos.

Un estudio realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh) y El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) en 2018-19, dejó en claro la necesidad de una revisión profunda de las legislaciones y normativas existentes que confieren o invisibilizan el acceso a derechos para las personas retornadas. Si bien existen algunas iniciativas en el ámbito local, lo común son definiciones conceptuales muy generales e imprecisas acerca de la migración mexicana de retorno. No se da cuenta, por ejemplo, de las diferencias y necesidades que pueden tener grupos de particular importancia como serían los niños y niñas y los adolescentes. El avance normativo y legislativo en los estados del país es muy dispar; mientras tanto, existen entidades que han procurado establecer legislaciones propias en las que se adiciona el tema migrante; en otros casos, este avance brilla por su ausencia o, cuando existe, se relaciona con la atención a grupos vulnerables sujetos únicamente de la asistencia social (Colef y cndh, 2019).

Es pertinente rescatar que en el ámbito legislativo federal los ordenamientos existentes dan cuenta de una clara división en los procesos de atención a la población de retorno. El ingreso al país se relaciona, principalmente, con acciones de control y registro que regula la Ley de Migración; la atención a demandas específicas de la población retornada en el momento de llegar al país se encuentra en la Ley de Población y en su reglamentación.

En el plano del accionar del gobierno existe una amplia variedad de iniciativas y esfuerzos desde lo local hasta lo estatal y federal; todos ellos se caracterizan por falta de coordinación, duplicidad o dispersión, con lo cual difícilmente puede aspirarse a avanzar hacia una atención para las y los retornados que tenga perspectiva integral. Por ello, desde nuestra óptica, la política migratoria focalizada en la recepción visibiliza la vulnerabilidad de los migrantes en los contextos de retorno, pero no contribuye a una visión de mediano y largo plazo de la migración internacional en México.

Hacia una política nacional de retorno

Importa destacar que hasta el momento los esfuerzos realizados para atender a la población migrante, y de manera específica la de retorno, se encuentran fragmentados entre las diferentes instancias de gobierno. De ahí la urgente necesidad de concebir verdaderamente una política de Estado que aglutine todos los esfuerzos y reconozca a las personas migrantes en retorno como sujetos plenos de derechos.

Para que lo anterior sea posible, la política propuesta debe entender que el retorno inicia cuando las personas están todavía en el extranjero, por lo que es indispensable que las instancias gubernamentales en el exterior (como serían el Instituto de los Mexicanos en el Exterior y los Consulados, ambos dependientes de la Secretaría de Relaciones Exteriores), se articulen entre sí, pero también con las Secretarías que operan en el interior del país, tratando de responder con acciones específicas en beneficio de la población migrante que posteriormente se insertará en las localidades del país.

De esta forma, un componente importante de la política que se propone tendrá que continuar en el interior del país y, por tanto, tendrá que traducirse en mecanismos de atención primaria (acceso a la información, acceso a documentación, atención humanitaria) mientras la persona reingresa al país, y posteriormente, en mecanismos de seguimiento (para saber si se ha accedido a derechos como los de salud, educación, trabajo, vivienda) cuando se llega al lugar donde ha decidido residir. Lo anterior supone una compleja articulación y puesta en funcionamiento de capacidades de los tres niveles de gobierno, sin dejar de lado la participación de actores relevantes en todo el proceso, como sería la sociedad civil organizada y la iniciativa privada.

Para que esta nueva política tenga efecto debe iniciar considerando el acceso al derecho a la identidad como un elemento nodal. Es necesario que la Clave Única de Población se convierta en un documento de amplio reconocimiento y validez entre las instancias públicas y privadas; para lograrlo, tendrá que contener fotografía y, de ser posible, registro biométrico. Y tendrá que entregarse a las personas al momento preciso de su ingreso a territorio nacional pues de ella dependerá, en gran medida, el acceso a otros derechos.

Referencias