Introducción

Alrededor del mundo, las familias cumplen un papel determinante en la vida y el empoderamiento de sus integrantes. Por lo general, en el seno de las familias las personas comparten la vivienda y/o los ingresos, entre otros recursos. Además, suele ser el lugar donde niñas y niños, personas mayores o dependientes reciben los cuidados que necesitan. Sin esa labor doméstica y de cuidados, las economías y sociedades sencillamente no podrían funcionar.

El ámbito familiar, sin embargo, no siempre es seguro e igualitario. Ahí, con frecuencia, mujeres y niñas sufren violencia y discriminación. A lo largo de su vida, alrededor de un tercio de las mujeres son víctimas de abuso físico o sexual por parte de su pareja (onu Mujeres, 2019a). El trabajo doméstico y de cuidados, entre tanto, no se distribuye equitativamente entre mujeres y varones, familias, el mercado y el Estado. Pero, a diferencia de lo que comúnmente se cree, estas desventajas no son naturales, ni inevitables; con leyes y políticas adecuadas pueden disminuir, beneficiando a las mujeres y a las sociedades en su conjunto.

Hoy en día existe un desafío urgente: promover que las familias sean un espacio de igualdad y justicia que impulse las capacidades de todos sus integrantes fomentando sus derechos. Con el informe global Familias en un Mundo Cambiante, onu Mujeres llama a gobiernos, a la sociedad civil y al sector privado a reconocer su enorme diversidad y a implementar políticas integrales orientadas a las familias y a la igualdad de género. Así, con el apoyo de políticas sociales y económicas adecuadas, las familias pueden ser un entorno igualitario de amor y afecto en donde mujeres, varones y niñas/os desarrollen su identidad personal y un sentido de pertenencia representando un motor para que las economías prosperen.

Una revolución silenciosa pero incompleta

Tanto a nivel global como en México no existe un modelo único de familia (Cervantes y Molina, en este número). Nunca ha existido. En la historia reciente, los cambios en el papel de las mujeres en el entorno doméstico consolidaron una suerte de “revolución silenciosa” (Therborn, 2004). El aumento de la edad al contraer matrimonio, el mayor reconocimiento jurídico y social de diversos tipos de unión, el descenso de las tasas de fecundidad producto de elegir cuándo y cuántos hijos tener, y una mayor autonomía económica son algunos indicios de que las mujeres han adquirido mayor voz y poder de decisión en sus familias. Estos cambios son, a la vez, causas y consecuencias de grandes transformaciones demográficas, del creciente acceso de mujeres y niñas a la educación y al empleo, y de modificaciones en normas e ideas sobre cómo deberían ser las familias; procesos que han sido, en términos generales, inspirados e impulsados por los movimientos de mujeres.

Esta revolución silenciosa se ve, empero, limitada. Muchos de los cambios en sus roles de género se originan en el acceso a actividades anteriormente reservadas a los varones; pero los cambios en sentido opuesto son escasos (England, 2010; Ojeda, en este número). En otras palabras, las transformaciones en los roles de las mujeres en la vida familiar, el trabajo y la educación no han sido acompañadas por una expansión igualmente profunda de los roles masculinos en la familia, o por una oferta estatal adecuada de servicios de cuidados accesibles y de calidad (onu Mujeres, 2019a).

Aún hoy, la división del trabajo de cuidados no remunerados sigue siendo desigual. En todo el mundo, las mujeres realizan el triple de tareas domésticas y de cuidados que los varones, aunque las desigualdades de género varían según los países, siendo particularmente marcadas en el sur global (onu Mujeres, 2019a). Sin políticas sociales y económicas que respondan a las necesidades de las diversas formas de familia existentes, esta sobrecarga afecta en mayor medida el tiempo y los ingresos de quienes son jefas de hogar, o que viven en hogares con bajos recursos, a costa del bienestar de sus familias.

Un aspecto central para el empoderamiento femenino es que cuenten con ingresos propios y adecuados —ser titulares de activos, percibir un salario o beneficios estatales— que les permitan condiciones más igualitarias en sus relaciones de pareja, fortalezcan su poder de negociación en la familia, o para abandonar vínculos insatisfactorios si así lo deciden. Aunque las mujeres han ingresado masivamente al mercado laboral, en gran medida lo han hecho en el sector informal o de forma inestable (Escoto, en este número), y en la última década la tasa de actividad económica cuando tienen entre 25 y 54 años no sólo no aumentó sino que se redujo ligeramente en todo el mundo, pasando de 64% a 63% entre 1998 y 2018.

Este estancamiento obedece, en parte, a que las responsabilidades familiares de las mujeres inciden negativamente sobre su actividad económica, lo que no ocurre a los varones (Sánchez Peña, en este número). Por ejemplo, en América Latina y el Caribe, las mujeres casadas o que cohabitan presentan la tasa más baja de participación laboral (60.4%), mientras que la más elevada corresponde a las que están divorciadas o separadas (80.7%) (onu Mujeres, 2019b). La situación conyugal no tiene el mismo efecto entre los varones; ahí, las tasas de participación laboral son altas con independencia de su estado civil, estando entre los casados la más elevada (95.9%) (gráfica 1).

Gráfica 1. Tasa de participación laboral, personas entre 25 y 54 años, por sexo, estado civil y región, último año disponible

La maternidad penaliza a las mujeres reduciendo su participación laboral e ingresos, lo que no ocurre con los varones, que suele más bien aumentar con la paternidad. Esta brecha subraya la necesidad de ampliar la cobertura de políticas de protección social, incluyendo licencias maternales y parentales y beneficios familiares, para reducir los costos económicos asociados a la maternidad. Igualmente, resulta esencial la inversión en servicios públicos de cuidados universales, accesibles y de calidad, que permitan a las personas con responsabilidades de cuidado acceder a empleos remunerados, brindar servicios a las personas dependientes y promover la creación de empleo en el sector público.

Desigualdades entre mujeres

Si bien la vida de las mujeres ha cambiado de forma significativa, lo cierto es que persisten profundas desigualdades entre ellas. Esto es especialmente cierto para América Latina y el Caribe en general, y México en particular, en donde las transformaciones familiares se encuentran muy estratificadas; es decir, que mujeres de diferentes grupos socioeconómicos, niveles educativos o ubicaciones geográficas habitan en mundos laborales y realidades familiares bien distantes (onu Mujeres 2017; onu Mujeres y El Colegio de México, 2019).

Así, las ganancias educativas y profesionales han beneficiado más fuertemente a las mujeres de grupos socioeconómicos más adinerados (onu Mujeres 2019c) que, además, cuentan con la opción de reducir su carga total de trabajo contratando a mujeres con menos recursos como empleadas domésticas o niñeras, en condiciones que suelen ser informales y carentes de protección social (onu Mujeres, 2017). En cambio, la sobrecarga de trabajo no remunerado para las mujeres más pobres es mayor al no contar con dicha opción o con servicios de cuidados accesibles y de calidad (gráfica 2) (Pacheco, en este número). En México, existen brechas similares, con importantes disparidades entre regiones del país.

Gráfica 2. Tiempo medio no ponderado dedicado al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, según sexo y quintil de ingresos en países seleccionados de América Latina. Datos relativos al año más reciente disponible

Además, se requieren políticas y servicios públicos más efectivos para reducir otro ámbito de importantes desigualdades entre mujeres: las uniones tempranas y la maternidad adolescente. Estos fenómenos pueden tener efectos adversos sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres, su acceso a la educación, su poder de negociación en la familia o vivir una vida libre de violencia. En México, las uniones tempranas conllevan un riesgo mayor de disolución (Pérez Amador, en este número).

Las uniones y las maternidades tempranas son más frecuentes en grupos de ingresos bajos, y pueden colaborar para reproducir la pobreza y la falta de oportunidades de una generación a otra. A escala mundial, y con base en datos de 92 países, las mujeres de 20 a 24 años del grupo socio-económico más bajo tienen una probabilidad 3.7 veces mayor de dar a luz antes de los 18 años, en comparación con las mujeres del grupo de ingreso más alto (gráfica 3).

Gráfica 3. Proporción de mujeres de 20 a 24 años que dieron a luz antes de los 18 años, por región y quintil de riqueza. Datos correspondientes al último año disponible

La región de América Latina y el Caribe destaca por tener la segunda tasa más alta de embarazo adolescente en el mundo: 18.2% de las mujeres de 20 a 24 años dieron a luz antes de cumplir los 18 años. Esta tasa se eleva a 30.1% en las mujeres del quintil más pobre (onu Mujeres, 2019b), subrayando la gravedad de la problemática en nuestra región. En México, la alta tasa de embarazo adolescente se debe, en parte, a restricciones en el acceso y bajo uso de anticonceptivo entre mujeres y varones jóvenes (Cárdenas, en este número).

Hacia una agenda integral de políticas orientadas a las familias y la igualdad de género

Para que los avances logrados se consoliden y sus beneficios alcancen a todas las mujeres, es preciso que las leyes y políticas respondan a las realidades cambiantes y diversas de las familias actuales. onu Mujeres insta a los Estados a adoptar una agenda integral de políticas orientadas a las familias en su diversidad, basadas en los derechos humanos y que fomenten la igualdad de género. De este modo, mujeres y niñas podrán tener igual voz y poder en la toma de decisiones, seguridad económica y una vida libre de violencias.

Esta agenda integral incluye diversas recomendaciones sobre políticas públicas, asignación de recursos fiscales y cambios normativos. Un análisis de costos realizado para este informe revela que la expansión de la protección social y la inversión pública en servicios de cuidados y atención a la salud es completamente factible para la mayoría de los países. En efecto, más de la mitad de las naciones estudiadas podrían cerrar brechas de ingresos, cuidados y salud con una inversión menor a 5% de su producto interno bruto (onu Mujeres, 2019a). La efectiva implementación de estas recomendaciones tendrá consecuencias muy positivas para las familias, y en especial para mujeres y niñas; de igual modo, contribuirá a forjar economías más prósperas y sociedades más justas e igualitarias.

Referencias