Antecedentes

Si bien en México se han registrado importantes avances en la lucha contra la violencia de género —impulsados especialmente por los movimientos de mujeres, a los que los sucesivos gobiernos nacionales y estatales fueron dando respuestas con distinto grado de compromiso—, la cultura sigue siendo predominantemente machista, lo cual se traduce en asimetrías de poder cuya manifestación más grave y visible es la violencia contra las mujeres. Solamente en marzo de 2020, murieron en el país, cada día, diez mujeres de manera violenta. La mayor parte de esos y otros feminicidios es perpetrada por las parejas o ex parejas de las víctimas; en general, y previo a la muerte, las mujeres viven historias de violencia física, psicológica, económica y sexual, en distintas combinaciones e intensidades.

Pese a las acciones emprendidas en el ámbito legislativo y con programas y políticas públicas, así como con trabajo clave de la sociedad civil, desde antes de la pandemia por Covid-19 la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) mostraba la persistencia de otro flagelo: la violencia contra las mujeres. De acuerdo con las sucesivas emisiones de esta encuesta, el ámbito donde esta violencia es más frecuente y persistente es en la relación de pareja, donde la violencia emocional es la más prevalente, seguida de la sexual, la física y la económica: la violencia de pareja casi no ha disminuido en los últimos años, mientras la física se ha incrementado en relación con “otros” agresores; mientras tanto, el feminicidio aumentó (Inegi, 2006, 2011 y 2016). Según datos de la Endireh más reciente (Inegi, 2016), un abrumador 78.6% de mujeres que sufrieron violencia física y/o sexual por parte de su pareja actual o última no habían solicitado apoyo ni presentado denuncias. Ha sido ampliamente documentado que, muy a menudo, lo que disuade a las mujeres de solicitar apoyo o presentar demandas es la re-victimización que viven o temen vivir en las instancias de atención y de justicia. A menudo, los encargados de implementar esas medidas y acciones no lo hacen con perspectiva de género, no se comprometen con las mujeres o son francamente misóginos (Espinoza, 2020; Saucedo y Melgar, 2020; Herrera, 2013).

Lo que el virus nos dejó

La pandemia por Covid-19 en México generó preocupación entre las organizaciones que atienden a mujeres, pues esperaban un agravamiento de la violencia doméstica y de pareja por las medidas de confinamiento que las obligaban a convivir más tiempo con sus agresores, en espacios reducidos y con menos posibilidades de recurrir a redes de apoyo. Esas preocupaciones resultaban fundadas, porque como documentó un estudio de onu Mujeres realizado en 69 países del mundo, en todos ellos se había registrado, a pocas semanas de comenzar las medidas de confinamiento, un incremento de solicitudes de ayuda por parte de mujeres víctimas de violencia (Majumdar y Wood, 2020).

Durante la pandemia, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género (cieg) de la unam recopiló datos de violencia contra mujeres y niñas provistos por distintas instituciones. El sitio web del cieg informa que, según la Secretaría de Gobernación, las llamadas al 911 por casos de violencia de género se ha disparado 45.8% durante el confinamiento, y que la Red Nacional de Refugios reportó que entre marzo y junio de 2020, en comparación con igual periodo del año anterior, hubo un incremento de 81% de atenciones a mujeres y a sus hijas/os. También se observa que según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en abril de 2020 hubo 11.2 asesinatos de mujeres diariamente, la cifra más alta del año, llamando la atención el incremento de 24% a 32% de los asesinatos clasificados como feminicidios.

Los datos varían de acuerdo con las fuentes presumiéndose un importante subregistro debido a que el confinamiento disuade a muchas más mujeres de solicitar apoyo a los distintos servicios, como lo hacían antes, lo que provoca desconocimiento de la verdadera magnitud y severidad del problema. Por ello, y con el fin de explorar a profundidad y hacer visibles los cambios provocados por la pandemia en las manifestaciones y factores de riesgo de sufrir violencia que enfrentan las mujeres, entre junio y septiembre de 2020 se llevó a cabo un estudio cualitativo basado en grupos de discusión por vía remota, en donde fueron consultadas organizaciones de la sociedad civil e instancias públicas que atienden a mujeres en situaciones de violencia en los estados de Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Puebla y la Ciudad de México.¹   

Los hallazgos principales muestran cambios y continuidades en el fenómeno, de acuerdo con la percepción y experiencia directa de las y los informantes, quienes afirmaron que se había dado un incremento “notable” en las solicitudes de apoyo de mujeres que habían vivido violencia familiar y de pareja durante el confinamiento, demandando servicios de justicia, salud, refugio, acompañamiento para la interrupción del embarazo y otros. Este hecho se percibió a partir de un aumento significativo de llamadas telefónicas o contactos por redes sociales, ante la dificultad de las mujeres para acudir personalmente a los servicios de atención, especialmente en el mes de mayo, cuando se hizo evidente que el confinamiento iba a ser por tiempo indefinido. El cuadro 1 ilustra, mediante testimonios, las percepciones y opiniones de las y los informantes respecto del agravamiento de las violencias contra mujeres, niñas y adolescentes, a partir de su propia experiencia en la atención a esta población durante el confinamiento por Covid-19. Se trata de datos ilustrativos de una experiencia recurrente en las entidades citadas.  

Cuadro 1. Testimonios que ilustran la percepción y opinión de las y los informantes sobre el agravamiento de las violencias contra mujeres, niñas y adolescentes durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19

Respecto de los tipos y modalidades de la violencia, las y los participantes señalaron como elemento de continuidad con la situación anterior a la pandemia que las solicitudes de asistencia y refugio eran debidas, en su mayoría, a violencia física de la pareja. Sin embargo, percibían en ésta un mayor “riesgo feminicida” que observaban a través del aumento en las llamadas de emergencia, en las solicitudes de refugio y en los otorgamientos de órdenes de protección, así como en el tipo de lesiones que presentaban las sobrevivientes. Señalaron también que la violencia familiar no se había limitado a la pareja, pues habían registrado también casos de violencia de hijos e hijas contra adultas y adultos mayores, o de familiares contra personas lgbt.

Un elemento novedoso y grave, mencionado recurrentemente, fue la disminución de la edad de las víctimas de violencia sexual, en la que también se notó un incremento durante el confinamiento. Otra modalidad que vieron aumentar en ese periodo fue la violencia cibernética, especialmente contra niñas, niños y adolescentes, yendo del acoso hasta la pornografía infantil.

Según los testimonios, la violencia económica también se potenció, pues muchas mujeres perdieron sus fuentes de ingresos –un elemento que las protegía de la violencia–, lo que generó conflictos con sus parejas frente a la dificultad de ellos de proveer al hogar. En muchos casos, este conflicto se “resolvió” reforzando las normas de género tradicionales, según las cuales el varón debe proveer y la mujer atender a la familia, cuyas necesidades de cuidado se han visto incrementadas durante la pandemia. Las informantes narraron que muchas mujeres habían padecido una sobrecarga que estaba incluyendo apoyo a tareas escolares en línea, más alimentos que preparar, más tareas de limpieza, y que si no lograban cumplir con todo ello se exponían a acusaciones de malas madres. Esto se veía agravado por la frustración de los varones dada la falta de ingresos, por el encierro y el consumo de alcohol y sustancias, que se incrementó al asociarse con el tiempo en el que “no se trabaja”. Quienes hacían acompañamiento legal a las mujeres, comentaron casos de varones que habían denunciado a sus parejas por “omisión de cuidados” y las habían amenazado con quitarles a sus hijos e hijas para mantenerlas bajo control.

Un factor de riesgo de vivir violencia sexual, señalado de forma recurrente, fue la imposición del confinamiento de niñas, niños y adolescentes con parientes con quienes antes no convivían, frente a la dificultad de muchas familias para continuar pagando rentas debido a la crisis económica provocada por la pandemia.

En relación con la violencia de pareja, se enfatizó que durante el confinamiento se habían ampliado las posibilidades de los agresores de controlar a sus parejas, aprovechando que tenían menos contacto con sus redes de apoyo; se les impedía salir o tener privacidad para usar el teléfono. Esto condujo a que, conforme avanzaba el periodo de confinamiento, se aumentara el número de vecinos o familiares que llamaban por teléfono o acudían a pedir ayuda en vez de que lo hicieran las propias mujeres. Un elemento que incrementó el riesgo de ellas, según los testimonios, fue la certeza de sus agresores de que ellas tendrían menos posibilidades de denunciar, dado el cierre de los servicios de procuración de justicia o por la creencia de que este hecho había ocurrido.

Reflexión final

De todo lo anterior se desprende que en México la violencia contra las mujeres es una manifestación de estructuras sociales y culturales complejas, que urge visibilizar y atender no sólo adaptando y ampliando la oferta de servicios de atención y de sanción en casos de violencia, sino especialmente reforzando la prevención. Esto implica trabajar por un cambio cultural que rompa con la normalización de la violencia contra las mujeres para permitirles fortalecerse. Las organizaciones de mujeres y muchas instancias gubernamentales han enfrentado la pandemia de distintas maneras, y es imprescindible dotarlas del apoyo y los recursos necesarios para ampliar el alcance de su labor, durante y después de la pandemia, dado que se espera que la violencia contra las mujeres se siga manifestando, lo mismo que sus demandas de apoyo.

Notas

¹ El estudio se desarrolló en el marco de un convenio entre onu Mujeres y El Colegio de México, que contó con la colaboración de Sarah Cerna, Rocío Castillo y Carolina Agoff. Participaron 38 miembros de organizaciones civiles e instituciones que atienden víctimas de violencia, hacen acompañamiento jurídico, buscan defender los derechos sexuales y reproductivos, opciones de refugio y asimismo realizan trabajo con agresores.  

Referencias